Hoy es el día en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido aprobar un decreto ley gracias al cual se blinda la exhumación del dictador Francisco Franco y se evitan posibles acciones legales de la familia. Para algunos, esta medida sirve para continuar haciendo justicia después de 43 años, mientras que los partidos de derechas la conciben como una iniciativa para abrir heridas del pasado. ¿Es justicia o solo sirve para reabrir heridas?
En el año 1936 tuvo lugar un hecho trascendental en la historia de España: un levantamiento militar contra el gobierno democrático, elegido por votación directa de la ciudadanía, en un Estado republicano. Fue entonces cuando estalló la Guerra Civil española: tras numerosas batallas y gracias a los apoyos de dictadores europeos de la época, el bando golpista liderado por Franco se alzó con la victoria en 1939. Es en este momento cuando empieza una época negra para nuestro país.
Conviene no olvidar lo sucedido, así como poner en conocimiento algunos datos que se desprenden de aquel conflicto bélico. Así, en España hubo más de 114.000 desaparecidos, siendo el segundo país del mundo (tras Camboya) con el mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados o identificados. Además, se calcula que murieron alrededor de medio millón de personas, con unas 450.000 exiliadas. Tras la Guerra, en torno a 120.000 seres humanos fallecieron por hambre y enfermedad. Y unas 50.000 personas fueron ejecutadas, aunque a día de hoy se sigue desconociendo la cifra exacta ya que hay muchas fosas comunes sin identificar. Así mismo, muchas personas acabaron falleciendo en las cárceles españolas, debido las pésimas condiciones en las que estas se encontraban, y en las que habían sido encerradas por defender sus ideales. También hay que recordar que miles de personas fueron perseguidas no solo por sus ideales sino también por su condición sexual o, en ocasiones, por su raza. Muchas de ellas, antes de fallecer o mientras permanecían encarceladas, fueron obligadas a ser mano de obra para construir el Valle de los Caídos, el monumento donde se encuentran los restos del dictador desde hace más de 4 décadas y donde se ensalzan sus años al frente de una dictadura.
No obstante, parece que en nuestro país, 43 años después y tras ver qué sucedió realmente, nos seguimos preguntando si la exhumación de Franco resulta un acto de justicia o una decisión que solo reabre heridas del pasado. Creo que tenemos claro que es JUSTICIA. No hay país moderno europeo que siga manteniendo un monumento que alabe una época macabra. Es justo que aquel que provocó miseria, muerte, hambre, analfabetismo… sea sacado de un lugar en el cual se le rinde homenaje y en el que anualmente se hacen concentraciones en su apoyo.
Tenía que ser un Gobierno socialista el que de nuevo tomara las riendas en la reparación de la memoria. Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y su puesta en marcha, España ha avanzado a la hora de recuperar e identificar a los fallecidos, desaparecidos o enterrados en fosas comunes, siempre con gobiernos del PSOE al frente. En cuanto a los símbolos franquistas, han ido desapareciendo paulatinamente de las calles de nuestro país, al tiempo que se vienen reconociendo aquellas atrocidades y reparando y homenajeando la memoria de todas las víctimas.
Es de justicia defender las libertades, los derechos civiles, la democracia y la justicia social, y esto equivale a defender la exhumación de los restos del dictador. Justicia es apoyar el decreto ley que hoy aprueba el Gobierno socialista en el Consejo de Ministros. Y no es de justicia cualquier otra posición que no sea estar en el apoyo de las víctimas, como han manifestado los partidos de derechas. “Reabrir heridas”, expresión que estos grupos políticos utilizan para calificar la decisión del Gobierno, solo podría tener lugar una vez que todas las víctimas sean identificadas y dignificadas. Mientras sigamos teniendo fosas comunes y monumentos hacia un dictador, la Ley de Memoria Histórica será para la JUSTICIA.
José Antonio Oria Garzón, Secretario de Justicia y Memoria Histórica de JSA
